Contexto Aunque en las últimas décadas los países de América Latina y el Caribe (ALC) han logrado aumentar sus niveles de ingreso per cápita y reducir la pobreza, aún quedan muchos desafíos para poder disminuir efectivamente las brechas de productividad y bienestar con los países desarrollados. Otro tanto sucede con los problemas ambientales y con una serie de temas globales que condicionan la capacidad de los países de la región para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030. Todos estos indicadores se han agravado seriamente desde que se inició la pandemia originada por el Covid 19, a inicios de 2020. Todos los actores -gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales- han planteado la necesidad de aprovechar este complejo momento para hacer transformaciones sociales que se estiman indispensables para salir de la crisis actual y evitar futuras crisis sistémicas. Para ello es necesario buscar nuevos mecanismos institucionales, más eficaces y participativos, en los cuales las comunidades locales asuman un papel activo. Ellos deben conectarse con los mecanismos de gobernanza definidos por los gobiernos, dándole también un papel activo a las empresas. Esta propuesta de proyecto es parte de ese llamado a implementar plataformas colaborativas más eficaces, basado en alianzas entre actores públicos, empresas privadas y comunidades locales. Este proyecto busca contribuir al diseño de nuevas políticas públicas para acelerar la transición hacia modelos productivos más inclusivos y más sustentables, aprovechando la experiencia de los países de la región, de la Unión Europea y de la OCDE. Agricultura digital La incorporación de tecnologías del denominado paradigma 4.0. puede ayudar a agregar valor y diversificar la producción en el sector agroalimentario. Actualmente vemos una aceleración de la digitalización de los procesos de producción, gracias al desarrollo de herramientas y máquinas interconectadas. Las tecnologías que empiezan a aplicarse en la agricultura, la agroindustria y los territorios rurales son: operación de plataformas digitales, sensores, Internet de las Cosas, robots, drones, Big Data, Cloud Computing, Inteligencia Artificial y Blockchain. Las tecnologías 4.0. todavía son poco utilizadas en el sector agroalimentario de la región. La información acerca de la disponibilidad de este tipo de tecnología es muy escasa, no existen análisis confiables acerca de su costo/beneficio y las habilidades digitales de los productores y del personal técnico son muy limitadas. Existen además muchos tipos de brechas que dificultan el acceso de las explotaciones más pequeñas (mipymes) a las tecnologías digitales. Y a pesar de todo ello el proceso de digitalización de la agricultura regional está en marcha, redefiniendo modelos productivos y relaciones entre actores, dentro de las cadenas agroindustriales. Existen riesgos, pero también oportunidades. Objetivos • Creación de la Red Iberoamericana para la Digitalización de la Agricultura y la Ganadería (RIDAG), en la que participan los Institutos de Investigación Agrícola de la región, más universidades y centros tecnológicos seleccionados. • Creación de un Observatorio de la Agricultura Digital en América Latina que monitoree los principales avances y bloqueos de la agricultura 4.0 para acelerar una transición hacia una agricultura más inclusiva, eficiente y sustentable. • Promoción del emprendimiento para innovar y agregar valor a los procesos de producción, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías digitales. • Mejoramiento de las políticas públicas y los mecanismos institucionales relacionados con la promoción de la agricultura digital, a través de un Fondo de Asistencia Técnica. Si bien es un proyecto amplio presentado a la interna de CEPAL, propone una alianza cooperativa entre las diferentes divisiones de la CEPAL, la OCDE, la Comisión Europea, los institutos de investigación agropecuaria de países seleccionados de ALC y la UE (INIA Chile, INTA Argentina, INIA Uruguay, IRTA España), la Red de jóvenes empresarios latinoamericanos ALLBIOTECH, empresas privadas (adscritas a Pacto Global de Naciones Unidas) y otras instituciones públicas y privadas que decidan sumarse a este esfuerzo. En el caso de la financiación para Uruguay, se realiza mediante una licitación a la cual INIA se postula.